El Ayuntamiento de Hornachuelos se opone al 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), así lo ha anunciado el consistorio a través de nota de prensa. Este Plan es el documento que recoge las estrategias y actividades a realizar en España en relación con los residuos radiactivos, el desmantelamiento de instalaciones y su estudio económico-financiero. Es aprobado por el Consejo de Ministros y recoge medidas para El Cabril que se ubica en Hornachuelos.
Con respecto al almacén de residuos de media y baja actividad de El Cabril, según el ayuntamiento “no existe sorpresa ya que mantiene la ampliación que ya reflejaba en el 6º Plan General de Residuos Radiactivos aprobado el 23 de junio de 2006”. No obstante, subraya el consistorio, “existe una gran diferencia de situación en cuanto a las competencias locales ya que con la aprobación en el Congreso de la Ley de Cambio Climático en la que se declaró de “interés general” cualquier obra de construcción, modificación o ampliación prevista en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), el Ayuntamiento pierde la posibilidad de cualquier tipo de control urbanístico o ambiental”.
Para el Ayuntamiento de Hornachuelos “esto no puede significar la pérdida del derecho del ayuntamiento y de los ciudadanos de Hornachuelos de formar parte del proceso, para poder defender sus intereses ya que esta ampliación les afecta directamente y conlleva unos efectos socioeconómicos negativos para el municipio que de alguna manera se deben ver paliados”.
En este sentido Hornachuelos denuncia que el 7º PGRR, “no recoge ningún procedimiento definido y claro sobre la toma de decisiones para la ampliación de El Cabril, ni contempla ningún sistema de mitigación de efectos negativos que supone albergar este almacenamiento durante cientos de años para el municipio de Hornachuelos”.
Además añaden que “este tipo de políticas contradicen totalmente las directrices de los organismos internacionales sobre la participación del público en las decisiones sobre residuos radiactivos como son la OIEA-ONU, la NEA-OCDE y la Comisión Europea. Además coloca a España a la cola de Europa en la aplicación de políticas reales de concertación social en estos temas”. Por ello, la publicación se considera por parte del Ayuntamiento meloja “una falta de respeto total a la ciudadanía y administración local”.
El Ayuntamiento de Hornachuelos junto a la Asociación de Municipios den Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), exigen “un diálogo real y sincero con el Estado y que considere desde un principio la participación de las autoridades locales en la definición de cualquier estrategia y que a la vez contemple la mitigación de los efectos negativos de las instalaciones en los territorios de su emplazamiento”. El comunicado concluye diciendo que “se llevarán a cabo todas y cuantas acciones estén a su alcance para la consecución de todos los objetivos mencionados, a través de políticas firmes, responsables y unánimes dirigidas a concienciar a la opinión pública de esta problemática, y a evitar decisiones consumadas y adoptadas sin la participación de los municipios”.
