El Ayuntamiento de Hornachuelos ha abordado en una sesión extraordinaria y urgente la rescisión del contrato con la empresa Ingeniería de la Construcción Cordobesa (ICC), encargada de gestionar el parque multiaventura y el albergue y que mantiene incumplimientos desde hace años.
En el pleno se ha puesto sobre mesa en primer lugar, la solicitud de restitución de equilibrio económico del contrato del albergue y sus instalaciones complementarias presentada por ICC. Tras analizar los informes técnicos y administrativos, el Ayuntamiento decidió ratificar la resolución de la alcaldía, desestimando la solicitud de ICC. La medida también incluyó la subsanación de un error administrativo en el proceso, El acuerdo fue aprobado en el pleno, y se notificará tanto a Ingeniería de la Construcción Cordobesa como al Juzgado de lo Contencioso nº 4 de Córdoba.
En un segundo punto, el pleno aprobó la resolución del contrato de concesión de obra pública para el proyecto del parque multiaventura, el albergue y el embarcadero en la presa derivación del Bembézar, gestionado por ICC. En el acuerdo, se concede a la empresa un plazo de audiencia de 10 días naturales para presentar posibles alegaciones.
Haciendo un recorrido por la situación, según el ayuntamiento, Ingeniería de la Construcción Cordobesa S.L. (ICC), lleva años incumpliendo sus obligaciones contractuales, al no haber abonado el canon fijo desde 2021 ni presentado los balances financieros anuales requeridos. En 2023, el Ayuntamiento contrató a la empresa 3CS para realizar un seguimiento de la concesión y verificar la situación de pagos. Tras varios requerimientos de documentación y pago, ICC solo entregó algunos documentos, y siempre fuera de plazo. Finalmente, el Ayuntamiento emitió una solicitud de pago urgente, que tampoco fue atendida, y se procedía al embargo de bienes de la empresa.
Ante la imposibilidad de aplicar penalizaciones debido a la falta de documentación completa por parte de ICC, la única opción viable era la rescisión del contrato. Aunque el Ayuntamiento ha agotado todas las vías para que la empresa cumpliera con sus obligaciones, los continuos incumplimientos se consideran graves y perjudiciales para el bienestar social de los ciudadanos. Mientras se adjudica el servicio a una nueva empresa, el Ayuntamiento podrá implementar medidas para que el servicio proporcionado por ICC continúe de forma provisional.
Según el pliego de concesión, la empresa debía pagar un canon fijo de algo más de 21.000 Euros anuales desde 2021 ya que se contemplaban 3 años de carencia y la concesión fue en 218. El canon variable, que sí debía haberse pagado desde 2019, supondría un 0,5 de los ingresos brutos de la empresa.
Ese importe variable no se ha podido cuantificar en ningún momento, ya que se tendría que calcular en base a las cuentas anuales y balances de la empresa que no se han presentado en ningún momento. Desde el ayuntamiento se supone, que será un importe bastante inferior al canon fijo.
El Ayuntamiento en este tiempo ha pedido auxilio a la Diputación. Sin embargo, la entidad supramunicipal entiende que al ser un tema administrativo y no judicial, es el propio ayuntamiento el que tiene que dar solución con penalizaciones o rescisión de contrato.
La empresa nunca llegó a realizar ningún pago, porque entendía que debía aplicarse una restitución de equilibrio económico por el la situación provocada por el Covid. Sin embargo, no consta que se haya solicitado formalmente por registro de entrada esta petición por parte de la empresa. El ayuntamiento, en este pleno extraordinario también aprobaba rechazar esa petición.
Como los incumplimientos son varios y de carácter grave, según se tipifica en el pliego de condiciones, se puede resolver el contrato por parte del consistorio después de haber agotado todas las vías de comunicación.
