El Ayuntamiento de Hornachuelos ha solicitado una reunión con la Presidencia de la Junta de Andalucía y ha reclamado su respaldo institucional ante la pérdida económica que estima en unos 15 millones de euros como consecuencia de las próximas obras de ampliación previstas en el Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos de El Cabril.

Además, el Consistorio ha remitido un escrito al Senado en el que solicita una valoración parlamentaria y un informe jurídico sobre las consecuencias de la modificación de la normativa derivada de la Ley de Energía Nuclear y su impacto en la financiación municipal vinculada a esta instalación.

El alcalde de Hornachuelos, Julián López, sostiene que la interpretación que realizan ENRESA y la Administración General del Estado de la normativa aprobada en 2021 está provocando una importante reducción de los ingresos municipales asociados a actuaciones urbanísticas relacionadas con El Cabril.

Según explicó el regidor, la petición municipal parte de la consideración de que El Cabril constituye una infraestructura estratégica del Estado que presta servicio al conjunto del sistema nuclear español y cuya presencia genera afecciones territoriales, ambientales, económicas y sociales singulares. López recordó que se trata de la única instalación nuclear del país destinada al almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de baja, media y muy baja actividad.

La reclamación municipal se articula en torno a dos cuestiones principales. Por un lado, la pérdida de recursos que, a juicio del Ayuntamiento, están sufriendo los municipios del área de influencia de El Cabril debido a la evolución del sistema estatal de asignaciones económicas vinculadas a las instalaciones nucleares. Por otro, la merma específica de ingresos urbanísticos que afectaría directamente a Hornachuelos por albergar físicamente el centro de almacenamiento.

Respecto al sistema de compensaciones, el alcalde señaló que los municipios reciben una aportación compuesta por un término fijo asociado a la capacidad de almacenamiento y otro variable vinculado al volumen anual de residuos gestionados. Aunque el término fijo ha aumentado en los últimos años, tras la modificación normativa, considera que dicho incremento no ha sido proporcional al crecimiento de la capacidad de la instalación. Asimismo, criticó la reducción del término variable precisamente en un contexto marcado por el desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares españolas, que previsiblemente incrementará el volumen de residuos almacenados en El Cabril.

“Se va a pagar menos por cada metro cúbico almacenado justo cuando se prevé que entren más residuos en El Cabril”, afirmó el regidor, quien considera que esta situación perjudica tanto a Hornachuelos como al conjunto de municipios de su entorno.

El alcalde insistió en que esta reivindicación no afecta únicamente a Hornachuelos, sino también a los municipios incluidos en el área de influencia de El Cabril, que, según sostuvo, están viendo reducidas las compensaciones económicas que perciben por albergar una instalación estratégica para el conjunto del sistema nuclear español.

La segunda línea de reclamación afecta exclusivamente a Hornachuelos. El Ayuntamiento sostiene que la interpretación que Enresa realiza de la normativa vigente puede provocar la desaparición o reducción de ingresos asociados a las futuras obras de ampliación.

Según argumenta el Consistorio, la declaración de interés general de determinadas actuaciones ha supuesto la pérdida de ingresos vinculados al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), equivalentes al 4% del presupuesto de las actuaciones y posteriormente sustituidos por un sistema de compensaciones que el Ayuntamiento considera insuficiente.

Esta sustitución se considera insuficiente porque ENRESA toma como referencia el presupuesto de adjudicación de las obras y no el presupuesto de ejecución material inicialmente previsto, lo que reduce significativamente las cantidades a percibir.

A ello se suma, según denuncia el Consistorio, el riesgo de perder la prestación compensatoria del 10 % prevista para actuaciones en suelo rústico por una interpretación de la normativa. El Ayuntamiento sostiene que esta figura urbanística es independiente del ICIO y de las licencias municipales y que tiene como finalidad compensar el uso y aprovechamiento extraordinario del suelo rústico. Sin embargo, considera que la interpretación actualmente aplicada podría poner en riesgo su percepción ya que vincula ese pago al del ICIO.

Ante esta situación, Hornachuelos ha solicitado a la Junta de Andalucía que analice si ENRESA, como sociedad mercantil estatal, puede acogerse automáticamente a las exenciones previstas para las administraciones públicas en materia de prestación compensatoria. Asimismo, ha pedido a la Junta de Andalucía que adopte una posición activa en defensa de las competencias urbanísticas autonómicas y reclama una aclaración o modificación normativa que garantice expresamente estas aportaciones económicas con independencia del procedimiento urbanístico aplicable a cada actuación.

El Consistorio también pide al Gobierno andaluz que se dirija al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la propia ENRESA para reclamar una interpretación o modificación normativa que evite la pérdida de ingresos municipales y que se estudie una compensación económica equivalente, suficiente y estable.

El escrito remitido a la Cámara Alta también denuncia lo que considera un trato desigual hacia los municipios del entorno de El Cabril respecto a las zonas que albergan centrales nucleares. El Ayuntamiento argumenta que Hornachuelos soporta el almacenamiento centralizado de residuos radiactivos procedentes de todo el sistema nuclear español sin haber recibido una compensación económica proporcional a la carga territorial, ambiental y social que asume y sin que esto haya supuesto una actividad industrial asociada a la producción de energía capaz de generar empleo y tejido productivo comparable.

Por otra parte, el Ayuntamiento plantea que la futura revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) reconozca expresamente la singularidad de Hornachuelos y de los municipios del entorno de El Cabril. En este sentido, reclama la incorporación de medidas específicas de compensación territorial, transición justa, diversificación económica, inversión pública, mejora de infraestructuras y fortalecimiento institucional.

En este sentido, el alcalde aseguró que la Junta de Andalucía percibe más de siete millones de euros al año relacionados con la actividad de El Cabril y defendió que parte de esos recursos deberían revertir en los municipios que soportan directamente la instalación y sus efectos territoriales.

Finalmente, el Ayuntamiento insiste en que la controversia trasciende el ámbito estrictamente económico y afecta a la sostenibilidad futura de Hornachuelos y de los municipios del entorno de El Cabril que llevan décadas conviviendo con una infraestructura estratégica de interés general. Por ello, reclama una respuesta institucional urgente antes de que se autoricen o ejecuten las nuevas obras previstas en el centro de almacenamiento de residuos radiactivos.

 “El Ayuntamiento de Hornachuelos tiene que alzar la voz por la defensa de sus intereses, pero también por los de todos los municipios afectados por esta regulación y por el territorio andaluz”, concluyó López.